Los “emperadores” del transporte: anacronismo
EL PODER DE LOS SINDICATOS DEL TRANSPORTE ES TAN GRANDE QUE SUS LÍDERES SE COLOCAN POR ENCIMA DE LA LEY
noviembre 3, 2016 6:00 am“Los imperios son un anacronismo. No pueden durar. Más tarde o más temprano tendrán que dividirse, humanizarse, dar tiempo y oportunidad a las tribus que forjaron su riqueza inicialmente.” Morris West .
En República Dominicana, el ciclo evolutivo de los gremios del transporte ha sido muy distinto a la mayoría de los países, donde sus ciudadanos disfrutan de un transporte ordenado, digno, decente, seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
Luego de la dictadura de Trujillo se formaron los primeros sindicatos que prontamente fueron tomados como medio de “lucha social” por los grupos de izquierda y partidos de oposición para darle fuerza a las huelgas contra los gobiernos de turno, al descubrir estos que una huelga no era exitosa si no lograban paralizar el transporte como herramienta del caos inducido.
Como manera de contrarrestar esto, los gobiernos, buscando la necesaria gobernabilidad, cedieron a la permisividad y fueron otorgando cada vez más concesiones a esos sindicatos, tanto en el ámbito económico como político, hasta el extremo de llegar a nombrarlos como “altos funcionarios” en sus gobiernos y presentarlos como candidatos a puestos electivos a ambas cámaras del Congreso de la República y los ayuntamientos.
Este proceso de inclusión forzada, permisiva y disuasiva ha sido el motivo y el origen mediante el cual, a través del tiempo, les facilitó a estos grupos anárquicos convertirse en “empresarios” ricos y poderosos del transporte, en políticos de influencia de primera línea, y más tarde a evolucionar a poderosas estructuras políticas formales y organizadas, con capacidad para alterar el escenario partidario tradicional.
Sus influencias, capacidad de presión y su poder económico son tan grandes que sus anacrónicos líderes se han llegado a creer que están colocados por encima de las leyes y ejercen su dominio a lo interno de sus empresas como auténticos “emperadores”, vulnerando uno de los aspectos más sensibles de una nación organizada, como son los derechos fundamentales, consagrados de manera inescrutable en su Constitución y manipulando a sus afiliados como una manada inconsciente que marcha hacia la propia destrucción del sector que los ampara.
Pero en la realidad, estos señores son genuinos “dictadores” que han construido sus imperios empresariales disfrazados de sindicatos sobre la base del chantaje, la manipulación y el terror, cobijados bajo un ambiente de permisividad e impunidad.
Han llegado al extremo de que, artillados con sus “grupos de acción disuasiva violenta” y sus bandas de sicarios por encargo, arrebatan rutas del transporte por encima de los órganos competentes del Estado que son los reguladores legales, obligan de manera forzada a “afiliarse” a su gremio y coaccionan al sector privado a contratar sus deficientes servicios a pesar de tener sus propios transportes privados en franca transgresión de los más elementales principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República y que mantienen al sector transporte sumido en un vergonzoso caos de proporciones ya intolerables bajo un régimen de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Bajo este caótico contexto, hemos visto acciones valientes “que nunca se habían hecho” como las de una abrumadora cantidad de empresas e instituciones que han elevado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un Recurso de Amparo para que les sean garantizados sus derechos constitucionales fundamentales.
Así como el Gobierno dominicano, en otra decisión oportuna del Presidente de la República a través del ministerio competente, eliminó el oneroso “subsidio” que se otorgaba -“supuestamente”- para evitar que esas oligarquías empresariales no subieran el costo del pasaje de transporte a la ciudadanía, medida que ha recibido el apoyo masivo de todos los sectores de la sociedad dominicana que, en reconocimiento de que la misma constituye una declaración de la intención del superior Gobierno de ordenar el transporte en el país, clama por: ¡el fin del caos!
Ese gravoso y dispendioso subsidio, que de acuerdo con los propios testimonios de los “afiliados” a los pseudosindicatos, nunca le fue distribuido entre los pobres choferes adscritos, y a los que “recibieron algo” fue apenas la miserable suma de RD$3,400 hasta hace un año.
Lo que indica a todas luces la ejecución de una colosal estafa, engaño y desfalco propiciado por esos “emperadores del transporte” que, bajo el icónico símbolo del “Che Guevara”, han defraudado por años a toda una nación y engañado vilmente a sus propios “afiliados”, mientras ellos exhiben ostentosas fortunas y niveles de vida propios de su condición de “nuevos oligarcas”, cobijados bajo el manto de la impunidad a sus violentos desmanes.
¿Adónde fueron a parar esos multimillonarios recursos del pueblo dominicano que por casi una década estos “césares imperiales” recibieron?
Esta simple y lógica pregunta es como para que, no solo los miles de choferes afiliados y estafados exijan explicaciones a esos líderes choferiles; sino también, para que organizaciones de la “sociedad civil” sometan por la vía legal el pedimento de una gran auditoría forense dentro de esas organizaciones para que la opinión pública conozca cómo, dónde y quiénes usufructuaron esa astronómica fortuna perteneciente a todos los dominicanos; y de determinarse que ocurrieron “indelicadezas”, sean sometidos ante los tribunales de la República y se apliquen las consecuencias de rigor.
Ante este escenario de caos en el transporte, de carteles organizados, de mafias enquistadas en esas entidades disfrazadas de sindicatos -que se disputan no solo rutas sino también la venta de combustibles subsidiados-, además de impedir la libre contratación del transporte y que no permiten el desarrollo de ese sector hacia estadios de modernidad, empañan a la vez la imagen del país ante el turismo internacional y agravan el clima de inseguridad ciudadana.
Por todas estas circunstancias es que se hace imperativo que las autoridades del Estado -que han dado muestras, por primera vez, de afrontar esta gran problemática nacional- hagan cumplir la Constitución y las leyes vigentes en el sector de transporte de carga y pasajeros.
En este mismo sentido se hace necesario que, tal como lo establece su juramento institucional, los funcionarios responsables hagan cumplir los preceptos consagrados en la Constitución de la República respecto al resguardo de los derechos fundamentales, a la libertad de empresa, autodeterminación de contratación, libre competencia y a la libertad de tránsito.
Puesto que en un mundo globalizado como el actual, donde la interdependencia de los mercados es cada vez más competitiva, donde hay sujeción al derecho internacional, a los acuerdos internacionales de libre comercio y fronteras libres, somos de opinión de que solamente con el establecimiento de los debidos avales jurídicos y legales consagrados en la Carta Magna, leyes y reglamentos vigentes, tanto el comercio nacional, las medianas y pequeñas empresas y el sector industrial dominicano podrán disfrutar de la necesaria libertad de competencia para desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones ante el competitivo mercado global.
Por consiguiente, tal como reza el pensamiento del escritor austríaco Morris West, de que los imperios son un anacronismo, entendemos que llegó el momento histórico de poner “fin al caos” de los “emperadores del transporte”, de sus atropellos, actos de bandidaje y violencia en las calles, del irrespeto flagrante a las autoridades y ciudadanos, en deterioro de nuestra imagen internacional, y a la vez, cumplir con la promesa del Presidente de la República ofrecida en su primer Consejo de Gobierno luego del abrumador respaldo del pueblo dominicano en la pasadas elecciones, de que impulsaría una gran reforma en el sector transporte.
De esta manera, la República Dominicana podrá ser más competitiva fortaleciendo el dinamismo de su mercado comercial e industrial generando más riqueza, mayores y mejores fuentes de empleo, y superiores recaudaciones fiscales, lo que redundará en la sostenibilidad del admirable crecimiento económico de la Nación avalado por los organismos internacionales, inaugurando una nueva etapa llena de esplendor, paz y progreso, dejando en el zafacón del pasado el “anacronismo del caos”.
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