Minería de RD en el ojo del huracán

enero 15, 2018 11:10 am

Un grupo de expertos en los procesos de desarrollo de la minería a nivel mundial coinciden en la necesidad de establecer un marco regulatorio adecuado para proteger los beneficios sociales y económicos generados por la explotación minera, mediante la implementación de políticas que creen adecuadas y mejores condiciones de garantías a las operaciones mineras existentes e incentivar nuevas inversiones en el sector.

Establecen, además, que un adecuado régimen regulatorio no solo debe tomar en cuenta la naturaleza riesgosa de la industria minera, sino que también debe definir claramente las políticas de sostenibilidad ambiental y el uso sustentable de los recursos, de atracción de capital extranjero, de estabilidad fiscal y jurídica así como de compartimiento de los beneficios y contrapartidas.

El tema fue puesto en discusión a propósito del anteproyecto de Ley Minera presentada por el Ministerio de Energía y Minas al Poder Ejecutivo para su ponderación y eventual sometimiento al Congreso Nacional y fue debatido ampliamente por expertos en el marco del seminario “El Futuro de la Minería en República Dominicana”, organizado por la Mesa Redonda de los países de la Mancomunidad, con el apoyo de la Cámara Minera y Petrolera dominicana.

El ante proyecto es evaluado por el Poder Ejecutivo en medio de ojerizas y amenazas de desatar una nueva oleada de presiones de sectores opuestos a la minería, encabezados por ecologistas, grupos sociales, ONGs, políticos, comunicadores y hasta sacerdotes.

El comunicador Ricardo Nieves, el político de izquierda Narciso Isa Conde –hermano del ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde- y grupos comunitarios de las provincias Monseñor Nouel y La Vega, hicieron duros pronunciamientos la última semana contra la explotación de yacimientos de ferroniquel por parte de la empresa internacional Falcondo y en defensa de que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional por el Poder Ejecutivo, mientras el Gobierno evalúa su decisión sopesando el costo político que podría representarle las acciones de los movimientos de protesta.

La industria minera está tipificada como una empresa de altos riegos, alta intensidad de capital y largos períodos de desarrollo por lo que un marco regulatorio claro que ofrezca estabilidad y garantías de la inversión, es fundamental para atraer capitales, contrario a la creencia popular inducida de que la inversión en minería es altamente riesgosa. Por la naturaleza de la industria, el período de exploración minero se extiende entre 12 y 15 años y es como ‘un boleto de lotería’, pues sólo un 15% llega a la etapa de explotación, a lo que se suma el efecto cíclico de los beneficios que genera la industria, que se rige por los precios internacionales de los “commodities”.

Hablan los expertos
Durante el seminario, Ricardo Monte Alto, jefe de Minería y Metales para las Américas de la firma consultora Wood Mackenzie, destacó la necesidad de garantizar la estabilidad del marco regulatorio para atraer el capital extranjero, mediante la generación de una buena percepción sobre el país como destino de inversión, la eliminación de la discrecionalidad en el marco normativo para disminuir la percepción de riesgo y la creación de políticas claras de compartición de beneficios con la comunidad.

Para Guillermo Villanueva, representante de la Corporación Financiera Internacional (IFC), los aspectos más importantes en la meta de convertir a República Dominicana en un destino de inversión atractivo en la industria minera son: establecer un régimen tributario atractivo y rentable, pero al mismo tiempo justo; facilidad e igualdad para obtención de permisos; mecanismos para poder resolver disputas entre instituciones y una legislación clara y que se cumpla; así como infraestructura y logística básicas que sirvan de apoyo; un capital humano minero calificado; y garantía de estándares sociales y ambientales altos.

La propuesta de una nueva ley minera, presentada por el Ministerio de Energía y Minas al Poder Ejecutivo, contiene una serie de planteamientos que, a juicio de los entendidos en la materia, afectarían seriamente la sostenibilidad del sector minero nacional, la pérdida de unos 40 mil empleos, contribuciones al fisco por $1,300 millones de dólares así como competitividad a la República Dominicana.

En el seminario los expositores hicieron énfasis en la importancia de proteger los beneficios sociales y económicos generados a partir de la minería, mediante la implementación de mayores esfuerzos para crear adecuadas y mejores condiciones que garanticen las operaciones mineras existentes e incentiven nuevas inversiones en el sector.

El marco jurídico de una nueva ley minera debe descansar en las garantías del desarrollo y competitividad, acorde a las tendencias internacionales de buenas prácticas ambientales, operativas y de mercado, pero lo que hemos visto es que, la forma en que ha sido planteado el proyecto “afectaría la sostenibilidad del sector minero y la competitividad del país”.

En ese contexto, el director de G-Red Watercreeck Partner, Ramón Tarragó, destacó la importancia de definir el destino de los recursos mineros y alinearnos con las estrategias de desarrollo de las localidades donde operan las minas, así como de evitar el nacionalismo extremo, si se quiere desarrollar la industria de manera sostenible.

“El nacionalismo extremo es una fuente de desequilibrios fiscales, por lo que es necesario crear un balance entra cada una de las partes (Estado e inversionistas), considerando la ecuación riesgo-retorno. En ese sentido tenemos ejemplos de legislaciones éxitosas que han logrado ese equilibrio como los casos de Ecuador y Quebec, Canadá”, enfatiza el especialista.

Este último caso es referido por Charles Riopel, director de la firma canadiense de inversión Latitude 45, como un ejemplo de una localidad con una de las mejores jurisdicciones del mundo, que estuvo a punto de ser arruinada por políticas mineras nacionalistas, con un gran impacto negativo. Esta realidad llevó a esta demarcación canadiense a pasar de ser la jurisdicción número uno en el mundo (2008-2011) a la número 21 en el 2014 y provocó una reducción drástica de los gastos en exploración.

Panorama nacional
República Dominicana ocupa el lugar 92 de 105 zonas y países mineros evaluados por el Índice de Atractividad de la Inversión Minera, realizado por el Instituto Fraser, el cual está compuesto por el potencial geológico y la percepción respecto a las políticas.

Según el economista Jochi Vicente, esta posición representa una oportunidad para el país de elevar su posicionamiento en la industria minera mundial, mediante políticas de incentivo a la inversión.

40.9%
A pesar de que República Dominicana no es un país eminentemente minero, los minerales representan el 40.9% de las exportaciones nacionales y el 18.1% de las exportaciones totales del país; además de que la minería es la segunda actividad económica con mayor nivel de inversión extranjera directa (IED), con una representación del 18.0% en el período 2010–2016, y recaudaciones tributarias por RD$56,693 millones entre 2012 y 2016.

Vicente destacó que el porcentaje de las exportaciones nacionales correspondientes a esta actividad económica es casi equivalente a los países con tradición minera, como Chile.

El economista enfatiza que el impacto positivo de la industria extractiva se ve reflejado en las tendencias que proyectan las provincias mineras en los indicadores de desarrollo humano, que presenta resultados sustancialmente mejores que el promedio nacional. Monseñor Nouel es la tercera provincia con el índice de desarrollo humano más alto del país, y en Sánchez Ramírez ha habido un aumento de este indicador tras el inicio de las operaciones de extracción de oro y plata.

La falta de reglas de juego consistentes e igualitarias en el país
Es una preocupación del también economista Ernesto Selman, quien resaltó el efecto negativo de esa realidad en la confianza de los inverionistas y destaca la necesidad de identificar el destino de la inversión de los recursos mineros, para lo que propone la creación de un fondo que sólo se pueda invertir en infraestructura. “La idea es que los recursos sean un activo para crear otros activos, no para gastos corrientes”, refirió Selman.

En el debate sobre las políticas adecuadas que debería implementar República Dominicana para convertirse en un destino más atractivo para inversión en la industria minera, el jurista Luis Rafael Pellerano nos llama a reflexionar en la siguiente cuestión ¿qué país quiere República Dominicana tomar de referencia y qué tiene que hacer para llevar la minería nacional a nivel de ese punto comparativo? La respuesta a esta interrogante ofrece una pista clara sobre el tipo de regulación que debería tener el país.

FUENTE:
https://www.listindiario.com/economia/2018/01/15/498673/mineria-de-rd-en-el-ojo-del-huracan

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