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La Ley Minera, con 47 años, presenta signos de oxidación

Las empresas del sector y las autoridades aún no se ponen de acuerdo para actualizar la legislación

abril 26, 2018 11:39 am

Entre 2010 y 2017 la minería aportó cerca de RD$306,604 millones al producto interno bruto (PIB), lo que significa un promedio anual de RD$38,325 millones. La explotación de minas y canteras es, a partir de estos datos, una de las principales fuentes de divisas para República Dominicana, además de integrar al mercado laboral mano de obra tecnificada.

El Banco Central, en su informe sobre el desempeño de la economía durante 2017, reporta que el valor agregado de la actividad Explotación de Minas y Canteras experimentó una disminución de 3.4%, explicado por la caída observada en la producción de oro (-8.7%), cobre (-2.2%) y arena, grava y gravilla (-0.9%), los cuales representan alrededor del 90% de la producción minera. En sentido opuesto, los volúmenes de producción de ferroníquel (38%), plata (22%), mármol (18.6%) y yeso (3.5%) atenuaron la contracción del resto de minerales.

La actividad minera, a pesar de la reducción experimentada durante 2017, mantuvo una ponderación alta en las exportaciones nacionales, al cerrar el año un total exportado de US$4,426 millones, es decir, un 39.9%. En el período previo su participación fue mayor, pues de los US$4,335.7 millones exportados por la industria local, su aporte fue de US$1,807.2 millones, para un 41.1%.

En lo que compete al producto interno bruto (PIB), las exportaciones de minería, esencialmente oro, plata y níquel, representaron el 2.5% en 2016 y 2.32% en 2017. Estos datos dejan claramente establecido que el sector minero se mantiene como uno de los más importantes en la generación de valor agregado en la economía.

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El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) considera que los yacimientos mineros en territorio dominicano representan un potencial económico que debe aprovecharse para generar empleos y riquezas, siempre que se haga de forma racional y recuperando ambientalmente las áreas explotadas. Al mismo tiempo, invita a reconocer la importancia del cuido al medio ambiente y la recuperación de áreas que puedan ser aprovechadas para obtención de recursos naturales, dado que representan acervos de generaciones futuras.

Autoridades e inversionistas han entendido no sólo la necesidad de impulsar el sector minero como motor de desarrollo del país, sino que han asumido un compromiso de invertir enfocados en lograr que tanto la exploración y la explotación se hagan de manera responsable.

Pero la minería no sólo es oro, plata, níquel, caliza, mármol, yeso, arena y agregados; el sector está ávido de una zapata aún más valiosa: un marco jurídico moderno que responda a las exigencias del mercado, al tiempo de garantizar al Estado todos los ingresos posibles sin desincentivar la inversión. El tiempo le está pasando factura a la Ley Minera. Ya cumplió 47 años, quedando obsoleta y sin las garras necesarias para responder a las nuevas reglas del mercado.

Necesidad
El Ministerio de Energía Minas reconoce que la legislación no está acorde con lo que demanda el contexto actual, por lo que tiene listo, y lo impulsa, un anteproyecto que considera de vital importancia para desarrollar una industria extractiva sostenible.

“Aunque en el momento de su aprobación tuvo sus ventajas, casi 47 años después la legislación vigente ha quedado obsoleta, por lo que el sector minero requiere un nuevo marco legal, acorde con las mejores prácticas actuales”, afirmó el ministro Antonio Isa Conde, quien entiende que con la nueva ley se abriría una etapa de impulso a la industria extractiva con criterio de sostenibilidad.

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Las mineras apuestan a un sector en constante expansión y de cuidado al medio ambiente.

El funcionario está convencido de que con un marco jurídico moderno, que sirva de soporte para todos los actores del sector minero, se logrará que las riquezas producidas con la explotación de los minerales se transformen en desarrollo humano. “Estamos asistiendo a una nueva era de impulso a la minería sostenible, responsable, que constituye una fuente de riqueza para los inversionistas, pero también para al Estado y los ciudadanos del presente y del futuro”, planteó el funcionario.

Retos
El vicepresidente ejecutivo del CREES, Ernesto Selman, en un documento discutido en octubre de 2017 (originalmente publicado en 2014), destaca que muchas veces, con razón y otras por pasión, ciudadanos particulares y asociados se han manifestado en contra de las explotaciones mineras. Los resultados, dice, han ido desde contratos renegociados, a movimientos sociales, licencias ambientales negadas y leyes observadas por el Poder Ejecutivo invocando inconstitucionalidad.

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Orden institucional fuerte, mejor regulación y aplicación de regulaciones ambientales, involucramiento de la sociedad civil y reglas para el uso de los recursos que recibe el Gobierno de las concesiones mineras son algunas de las consideraciones de políticas públicas que el CREES entiende necesario definir.

A su entender, las explotaciones mineras se han desarrollado bajo marcos jurídicos, regulatorios e institucionales débiles y las concesiones mineras tienen contratos especiales con fuerza de ley, dado que se aprueban en el Congreso Nacional. “Las negociaciones de las concesiones no se han hecho de la forma más transparente y los ciudadanos han sido escépticos de las mismas”, señala Selman, relacionándolo con la debilidad del sistema jurídico que norma el sector.

Va más lejos cuando afirma que la actividad minera se rige por leyes que deben actualizarse para un ambiente regulatorio que recoja los avances tecnológicos, al tiempo que propicie la exploración y explotación de forma sustentable. “Debemos reconocer que gran parte del potencial económico que tiene República Dominicana hacia futuro es la minería”, sostiene.

Para el presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en República Dominicana, Fernando González Nicolás, las empresas mineras que actualmente operan en el país son responsables y esto es fácil de comprobar. Sostiene que la minería dañina e irresponsable pasó a ser un asunto del pasado en el país.

A manera de ejemplo, explica que la empresa Goldquest, de origen canadiense, británico y suizo, que trabajará en San Juan de la Maguana, se guía por los lineamientos del concepto de minería responsable.

En ese orden, exhortó a los sectores que se oponen a la minería a seguir esa actitud vigilante, pero al también los invita a documentarse debidamente sobre cómo operan las empresas bajo las normas de la minería responsable.

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Exhortó al Gobierno a apoyar con determinación este sector y crear condiciones de competitividad internacional, para así atraer empresas mineras sólidas y comprometidas con el cuidado del medio ambiente y que contribuyan con el desarrollo económico nacional.

Sin embargo, González Nicolás expresa que el actual proyecto de reforma a la ley minera, sometido al Poder Ejecutivo, ha creado preocupación en los mercados internacionales. Considera que las reformas de las leyes mineras es un proceso muy complejo y técnico, además de que el anteproyecto de ley necesita de más consenso, especialmente entre los inversionistas que son los que finalmente deciden si invertirán o no en el país.

¿Cómo podemos hacer un esfuerzo multisectorial para apoyar al Gobierno en el establecimiento de condiciones óptimas para el desarrollo continuo del sector? Esta fue la pregunta que hizo el presidente de la Cámara Minera y Petrolera (Camipe), José Sena, al hablar en el seminario “El futuro de la minera en República Dominicana”, celebrado en diciembre de 2017.

“Vemos con preocupación cómo República Dominicana se vuelve menos atractiva para los inversionistas en el sector minero, lo que se refleja en los recientes rankings de competitividad de la industria”, sostiene, pero además entiende que esta realidad podría ser acentuada por un cambio brusco e inconveniente en el marco regulatorio, pues ello dificultaría el desarrollo ideal del ciclo minero, impactándolo negativamente.

Ante los retos que tiene República Dominicana en materia de competitividad, entiende que el país está llamado a tomar como referencia los cambios legislativos en otros países donde, a su juicio, se entiende el valor de la minería y sus beneficios sociales. Esto, dice, es fundamental para salvaguardar el sector y promover más inversiones, las cuales han generado resultados positivos en la industria y en el desarrollo económico de esos países.

Sena señala que en términos económicos y laborales, la inversión que ha hecho el sector minero garantiza el éxito de las múltiples empresas pertenecientes a emprendedores locales que suplen las minas con servicios como alimentación, uniformes, insumos de limpieza, materiales de oficina, servicios de transporte y papelería, entre otros que luego pueden ofertarse a otros clientes nacionales e internacionales. “Estas empresas han generado más de 11,000 empleos directos y 33,000 empleos indirectos, que benefician a todo el país”, destaca.

Nuevas plantas

Hay datos que defienden el impacto que ha tenido la minería en la economía dominicana desde que se inició el siglo 21. La industria extractiva atrajo una inversión que superó los US$6,200 millones, con los cuales se desarrollaron dos plantas de cemento, la mina de Cerro Maimón, la de Pueblo Viejo y el proyecto de remediación ambiental Las Lagunas.

Con la minería también se ha expandido el sector energético con nuevas plantas de generación para suplir la demanda de electricidad.

Regalía minera
El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, destaca que uno de los puntos que urgen de actualización es el referente a la regalía minera, pues el modelo vigente plantea apenas un 5% en concesiones, deducible del impuesto sobre la renta, que actualmente es más bajo que en 1971, cuando era de 40%.

Isa Conde reiteró que el modelo a seguir con el anteproyecto es ganar-ganar y considera injusto que si, por coyunturas de mercado, una empresa no reporta beneficios pueda extraer y exportar los minerales sin pagar ninguna regalía al Estado.

“Nosotros tenemos que hacer que las riquezas que producimos se transformen en desarrollo, pero no podemos sacar riquezas sin pagar al Estado y muchas veces dejando los pasivos ambientales a las próximas generaciones”, aseguró.

El funcionario sostiene que la sostenibilidad no es incompatible con el desarrollo minero y destaca que el anteproyecto incluye la obligatoriedad del cierre de minas y de destinar fondos para corregir los pasivos ambientales.

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