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CAMIPE insta a que haya consenso frente a propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial

noviembre 15, 2018 10:56 am

Santo Domingo, 14 de noviembre 2018.  La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) indicó que el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamiento Humano debe ser analizado en su justa dimensión y con reservas, ya que esta pieza debe ser el fruto de un consenso entre los sectores públicos, privados y la sociedad civil. “Este es un Proyecto de Ley muy importante que regularía la división político-administrativa de la nación para el gobierno y la administración del Estado, y el mismo no puede afectar los derechos adquiridos, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica en el país, por lo que se hace indispensable la participación de los distintos sectores empresariales para su discusión.”, declaró Pedro Esteva,  Presidente de CAMIPE.

En un comunicado CAMIPE manifestó su preocupación frente a la posible creación de nuevas unidades político-administrativas, al afirmar que dicha acción impactaría los niveles de competitividad del país al aumentar significativamente el gasto público, generar mayor carga tributaria, duplicidades regulatorias y burocracia al marco jurídico institucional actual, sobre el cual realiza sus actividades el sector privado.

En ese sentido, el Presidente de CAMIPE, indicó que se une a las demás asociaciones del sector empresarial y al llamado realizado para que la  Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de  Suelo  sea el resultado de un consenso entre las partes interesadas, luego de llevar a cabo un proceso de estudio que tenga como único enfoque el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Sobre CAMIPE
La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, por más de 20 años ha promovido y mejorado el desarrollo y expansión del sector minero y petrolero, como destino de inversión nacional y extranjera, mediante el fomento de buenas prácticas sobre sostenibilidad y aportando al diseño de políticas públicas y al cumplimiento del marco regulatorio del sector minero, como aliado del desarrollo económico y social del país.

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